¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un coche de lujo que corre menos que un utilitario de hace veinte años?
Nadie en su sano juicio lo compraría.
Nadie, salvo el contribuyente vasco.
En Euskadi nos dejamos cerca de 10.000 euros al año por cada alumno en la escuela pública. La media de España ronda los 6.000 y pico.
Somos los reyes del presupuesto. Los que más pecho sacan en el Parlamento cuando toca hablar de inversiones históricas.
El problema viene cuando los chavales tienen que abrir un libro o resolver un problema.
Llega el informe PISA y se apagan las luces del plató.
En comprensión lectora y ciencias, los estudiantes vascos se arrastran por la cola del mapa. En matemáticas, apenas salvan los muebles raspando la media.
Ni rastro de la supuesta élite intelectual del norte.
Y entonces empieza el clásico desfile de excusas en los despachos oficiales.
Dicen que la culpa es de la inmigración. Que como entran más alumnos extranjeros que no dominan la lengua vehicular, los números se derrumban.
PISA mide esa brecha, por supuesto. Existe y condiciona.
Pero esconderse detrás de ese dato es de una cobardía política insoportable.
Otras comunidades gestionan flujos migratorios similares —o mayores— con presupuestos notablemente más modestos y sacan mejores notas.
La diferencia no es de dónde vienen los chavales.
La diferencia es que el sistema educativo vasco se ha convertido en una maquinaria burocrática carísima diseñada para contentar despachos, no para enseñar a pensar.
Gastamos a ritmo de Suiza para obtener resultados de vagón de cola.
Y mientras tanto, la factura fiscal en las tres haciendas forales no baja ni un céntimo.
El dinero no hace a los niños más listos si el sistema que lo gestiona está podrido de soberbia institucional.
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