¿Alguna vez has intentado apagar un incendio tirándole bidones de gasolina?
Eso es exactamente lo que acaban de hacer con el alquiler en Euskadi.
Los políticos se han puesto la medalla del «progresismo social».
El Departamento de Vivienda del PSE-EE sacó la pancarta, EH Bildu aplaudió entusiasmado marcando el paso y el PNV miró para otro lado con una sonrisa cómplice para no romper el pacto de gobierno.
Todos a una, como en Fuenteovejuna, declarando municipios enteros como «zonas de mercado residencial tensionado».
Te lo vendieron en rueda de prensa con música celestial: «Venimos a topar los precios para proteger a las familias y a los jóvenes».
Suena de cine, ¿verdad?
El problema de la política de postureo es que choca de frente contra la realidad económica.
¿Qué pasa cuando le dices a un propietario que el Estado va a decidir cuánto vale su propiedad y qué hacer con ella?
Pasa lo obvio: el pánico.
El propietario medio no es un fondo buitre con sede en las Caimán.
Es un jubilado de Barakaldo o de Donostia que ahorró toda su vida para tener un complemento a su pensión.
Y ese propietario no es tonto.
Retira el piso del mercado tradicional, lo pasa al alquiler de temporada, a habitaciones o simplemente echa la persiana.
¿El resultado real en la calle?
La oferta de vivienda habitual se ha desplomado.
Encontrar un piso de alquiler en Bizkaia o Gipuzkoa hoy parece una prueba de Los Juegos del Hambre.
Para entrar a un piso de 800 euros ahora te piden tres nóminas, dos avalistas, la declaración de la renta de tu abuela y casi una muestra de sangre.
Y los cuatro pisos que quedan sueltos, con triquiñuelas legales y contratos temporales, están más caros que nunca.
La izquierda vendió la salvación social para rascar cuatro votos.
La derecha institucional vasca lo consintió para mantener la poltrona.
Y el pato, como siempre, lo pagas tú con tu cuenta bancaria temblando a final de mes.
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