Dime una cosa: ¿Qué es un dictador?
Durante décadas nos han martilleado con la misma cantinela. Nos dicen que ser autoritario o «facha» es defender la propiedad privada, exigir orden, pedir seguridad jurídica o reclamar que no te roben la mitad de tu nómina. Han pervertido tanto el lenguaje que hoy, si defiendes el fruto de tu trabajo y el derecho a disponer de tu propio piso, te cuelgan la etiqueta en dos segundos.
Pero miremos a la historia sin complejos y con los datos en la mano. ¿Quién fue el primero en este país en congelar los alquileres a perpetuidad, en intervenir los precios por decreto y en laminar el derecho del propietario a decidir sobre su propio inmueble? Francisco Franco con la Ley de Arrendamientos Urbanos de renta antigua.
Exactamente lo mismo que hoy promueven Podemos, Sumar y el PSOE con su nuevo ‘decreto Maricarmen’.
La paradoja del intervencionismo: Los que se llaman antifascistas aplicando recetas totalitarias
Un dictador no se define por la pancarta que lleva ni por el color de su corbata; se define por su afán de someter la libertad individual y el patrimonio del ciudadano al capricho del poder estatal. Se define por arrogarse el derecho de decidir qué puedes hacer con lo que es tuyo, cuándo puedes disponer de tu casa, a qué precio estás obligado a cederla e impidiéndote recuperarla si el burócrata de turno decide que no te pertenece.
Eso no es progresismo. Es autoritarismo puro y duro vestido de ingeniería social.
Con el pretexto del caso de Mari Carmen, el Gobierno de Pedro Sánchez, empujado por el radicalismo de Sumar y Podemos —y sostenido por el silencio cómplice de socios como PNV y Bildu—, pretende aprobar un decreto que:
- Congela rentas por ley e impone prórrogas forzosas de contratos.
- Obliga a indemnizar al inquilino si el legítimo dueño necesita o decide no renovar su propiedad.
- Paraliza desahucios hasta 2030 trasladando el coste del escudo social al bolsillo de los particulares en vez de asumirlo la administración.
- Interviene habitaciones y alquileres temporales, liquidando cualquier margen de libertad contractual entre adultos.
Es una expropiación encubierta de facto. Te dicen: «El piso sobre el papel sigue siendo tuyo para que pagues el IBI, la comunidad y las derramas; pero el control real de la vivienda, el precio y quién vive en ella lo decido yo desde un despacho ministerial».
Comprar votos a costa del esfuerzo ajeno
¿Y por qué lo hacen? No lo hacen por compasión ni por resolver el problema habitacional. Saben de sobra que topar precios y perseguir al propietario destruye la oferta, expulsa viviendas del mercado y condena a miles de jóvenes a no encontrar un alquiler asequible jamás.
Lo hacen por puro cálculo electoral. Lo hacen para alimentar el clientelismo, para comprar los votos de quienes prefieren la subvención y la tutela del Estado antes que la exigencia de generar riqueza real. Convierten la vivienda en un arma arrojadiza para polarizar a la sociedad: el inquilino contra el casero, el currante que ahorró toda su vida para comprar un segundo piso contra quien exige que se lo regalen.
El verdadero fascismo administrativo es ese: el que elimina la seguridad jurídica, criminaliza al ahorrador y usa el boletín oficial como un mazo para pisotear los derechos fundamentales con tal de mantenerse cuatro años más en el poder.
Va siendo hora de llamar a las cosas por su nombre. La libertad no consiste en esperar a que un político te perdone la vida o te congele el alquiler; la libertad empieza cuando el Estado saca sus manos sucias de tu propiedad privada y de tu vida.
David Lomeña | Contigo Euskadi
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